La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) han impuesto sanciones por 27 millones de pesos a compañías debido a la subcontratación laboral.
La STPS ha llevado a cabo más de 3 mil acciones de inspección en este ámbito para proteger los derechos de los trabajadores.
A dos años de la implementación de esta reforma, se han observado varios resultados positivos para los empleados. Entre estos, cerca de 2.9 millones de personas se han transferido a sus empleadores reales. Esto motivó a que los empleadores cumplieran activamente con las regulaciones de la reforma y realizaran los ajustes en sus plantillas de manera adecuada y puntual, evitando perturbaciones en el mercado laboral formal.
Además, el salario base de cotización aumentó de 469 a 597 pesos, representando un incremento del 27.4%. Para las mujeres, el incremento fue del 29%.
Adicionalmente, la STPS ha establecido un plan de acción coordinado con otras entidades para identificar prácticas fraudulentas, iniciar inspecciones y, si es necesario, aplicar sanciones.
Hasta ahora, más de 3 mil acciones de inspección han sido realizadas, revelando diversas irregularidades, según comunicó la STPS.
Como resultado de esto, se han cancelado mil 755 registros en el Padrón Público de Contratistas de Servicios u Obras Especializadas (REPSE); se han iniciado procesos sancionatorios contra las empresas beneficiarias de los servicios y se han emitido multas que en conjunto suman más de 27 millones de pesos.
Junto con las cancelaciones, el SAT, el IMSS, el Infonavit y la STPS han continuado su cooperación en términos de intercambio de información para seguir supervisando y controlando el incumplimiento en este ámbito, resultando en más de 33 mil constancias de registros actualmente bajo investigación.
En adición a los procesos sancionatorios, la STPS ha actuado de manera preventiva y ha emitido criterios de inspección relacionados con la agroindustria y el sector hotelero para reforzar lo que la reforma prohíbe.
