El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha presentado una solicitud de aumento presupuestario real del 4 por ciento para el ejercicio fiscal de 2024, en comparación con el presupuesto aprobado para 2023, que ascendió a 77 mil 544 millones 491 mil 126 pesos. En otras palabras, están buscando un monto equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduciría en 84 mil 792.4 millones de pesos.
De este presupuesto total, se asignarían 6 mil 091.1 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 74 mil 793.3 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y 3 mil 890 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, ha advertido que recortar el presupuesto del Poder Judicial podría dejar a los más vulnerables en una posición desventajosa para ejercer sus derechos. Ella, junto con los Plenos de la Corte, del CJF y del TEPJF, ha señalado que el proyecto de presupuesto fue aprobado por unanimidad en cada cuerpo colegiado y se basó en criterios de racionalidad y transparencia, considerando ahorros y eficiencias logrados mediante medidas de racionalización y austeridad.
La ministra enfatizó que las funciones del Poder Judicial Federal en el próximo año son cruciales para la vida democrática y la justicia social en México. Esto incluye la renovación de más de 20 mil cargos de elección popular en las elecciones de 2023-2024, lo que requerirá recursos suficientes para el Tribunal Electoral para garantizar un proceso pacífico y estable.
Además, el Poder Judicial Federal enfrentará un aumento constante en la demanda de justicia federal en 2024, con un posible 1.3 millones de nuevos casos si la tendencia de 2023 continúa. También será necesario crear 45 órganos judiciales adicionales debido a la implementación del nuevo modelo de justicia laboral y la adopción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Los recursos solicitados también se destinarán al Instituto de la Defensoría Pública, que representa legalmente y de manera gratuita a los mexicanos, en su mayoría en situaciones vulnerables. Además, se reforzarán las medidas de seguridad para garantizar la independencia judicial y se seguirá construyendo la doctrina constitucional para proteger los derechos fundamentales.
La ministra resalta que el presupuesto requerido para la impartición de justicia federal en 2024 equivale a aproximadamente 1.8 pesos por día por mexicano. Recortar el presupuesto del Poder Judicial Federal tendría graves consecuencias al dificultar aún más el acceso de los más vulnerables a sus derechos. A pesar de los recortes anteriores, el Poder Judicial ha seguido esforzándose por mejorar la impartición de justicia y implementar reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión.
