El legislador de Morena, Alejandro Robles, ha presentado denuncias ante la Contraloría General de la Ciudad de México y la Contraloría Interna del Senado de la República en contra de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. Estas denuncias alegan la posible comisión de faltas administrativas graves por parte de Gálvez.
Robles acusa a Xóchitl Gálvez, miembro del grupo parlamentario del PAN, de ocultar información en sus declaraciones patrimoniales con la presunta intención de ocultar un enriquecimiento ilícito durante sus mandatos como jefa delegacional en Miguel Hidalgo y senadora. En caso de que se demuestren estas faltas administrativas graves y si el monto de la afectación supera 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (que equivale a 20,748 pesos), Gálvez podría enfrentar una sanción de inhabilitación de hasta veinte años para ocupar cargos públicos.
En una conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro, el diputado Robles argumentó que la senadora Gálvez podría haber utilizado su posición como jefa de la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México para obtener contratos que le habrían proporcionado beneficios económicos. Enfatizó que la declaración patrimonial inicial de Xóchitl Gálvez en 2002 presentaba montos notoriamente menores en comparación con los ingresos que ha reportado desde 2015 hasta la fecha, los cuales ascienden a más de mil 500 millones de pesos.
Según la denuncia, mientras se desempeñaba como jefa delegacional, Xóchitl Gálvez habría obtenido contratos por más de 27 millones de pesos. Desde 2018, cuando asumió su cargo como senadora, los montos de contratos alcanzarían los 50 millones de pesos con el Estado. Por lo tanto, se alega que Gálvez podría haber cometido faltas administrativas graves, como cohecho, abuso de funciones y conflicto de interés, al posiblemente usar su poder y atribuciones otorgados por sus cargos públicos para beneficiar a sus empresas y obtener contratos multimillonarios.
La denuncia es independiente de la presentada ante la FGR y se centra en la presunta comisión de faltas administrativas. En caso de que Xóchitl Gálvez sea encontrada culpable, podría ser inhabilitada para ocupar un cargo público por hasta veinte años.
