Su misión es infiltrarse en organizaciones de narcotráfico y pandillas para obtener información y permitir que las autoridades tomen medidas. Sin embargo, algunos de estos informantes confidenciales, que son fuentes de primera mano en el campo, se convirtieron en un problema para las agencias estadounidenses que los reclutaron. Hay información que sugiere que se involucraron en el tráfico de drogas e incluso en asesinatos, a pesar de estar bajo vigilancia de quienes los contrataron y de recibir incentivos económicos.
El senador republicano Chuck Grassley recientemente hizo pública esta revelación al expresar su preocupación por el asesinato de dos informantes confidenciales de la DEA a manos de sicarios vinculados a Los Chapitos, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Sin embargo, este no es el único caso en el que las agencias gubernamentales de Estados Unidos perdieron el control.
Uno de estos informantes es Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, quien cometió asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras trabajaba como informante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Su caso destapó cómo estos informantes han estado operando en la oscuridad durante años, con escasos controles pero con respaldo gubernamental.
El senador republicano Grassley, en una carta enviada el 21 de agosto de 2023 a la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, Lisa Oudens Monaco, no solo reveló que dos informantes confidenciales fueron asesinados, sino que también cuestionó las investigaciones unilaterales realizadas por la DEA y la protección otorgada a los infiltrados por parte de la propia Oficina del Fiscal Federal.
Incluso la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha expresado críticas con respecto al uso de los denominados “informantes confidenciales”. Según la OIG, este uso responde a una serie de factores, que incluyen posibles ganancias financieras, la evasión de castigos legales y hasta posibles motivos de venganza.
De hecho, la OIG encontró que agencias como la DEA mantuvieron en su nómina a un solo informante confidencial durante 30 años, pagándole un total de 30 millones de dólares, lo que equivale a un promedio de alrededor de un millón de dólares al año por la información proporcionada por ese informante.
La historia de la masacre conocida como “La Casa de los Muertos” se relaciona directamente con Guillermo Ramírez Peyro, un ex policía que trabajaba en la dependencia mexicana Caminos y Puentes Federales (Capufe), perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones. En 1995, Ramírez Peyro tomó la decisión de combinar su carrera como servidor público con el oscuro trabajo de supervisar y distribuir cocaína para el Cártel de Juárez.
Sin embargo, su doble vida no fue suficiente para él. En el año 2000, amplió sus actividades, convirtiéndose en policía, narcotraficante y también informante confidencial de la agencia estadounidense ICE.
De acuerdo con información que consta en la corte de apelaciones del Distrito Sur de Florida, Ramírez Peyro logró obtener información valiosa del Cártel de Juárez para entregársela al gobierno de Estados Unidos. Durante su tiempo como infiltrado, afirmó haber contribuido al arresto de unas 50 personas, incluyendo a Heriberto Santillán, un alto lugarteniente del Cártel de Juárez.
Fue precisamente su relación con Heriberto Santillán lo que llevó a Guillermo Ramírez Peyro a una situación aterradora y sin retorno.
De acuerdo con una denuncia obtenida por este medio, Ramírez Peyro comenzó a trabajar para Santillán a principios de la década de 2000. Sin embargo, el narcotraficante no solo le encomendó la tarea de administrar envíos de drogas a Estados Unidos, sino que lo involucró en asesinatos de sus “enemigos”. Así comenzó una serie de crímenes, cuyas víctimas fueron enterradas en una casa ubicada cerca del Río Bravo, a la que se denominó sin rodeos “La Casa de los Entierros” o “La Casa de los Muertos”.
Para el año 2003, el informante confidencial tuvo conocimiento de que Santillán planeaba eliminar a un abogado llamado Fernando Reyes Aguado. A pesar de que a los informantes confidenciales se les prohíbe cometer asesinatos mientras trabajan para el gobierno de Estados Unidos, un agente de ICE que estaba al tanto de esta encomienda no solo no lo detuvo, sino que además le pidió a Ramírez Peyro que activara su teléfono para escuchar el crimen en tiempo real. Y este no fue el único caso en el que actuó con conocimiento de la agencia: Ramírez cometió otros 13 asesinatos.
Más tarde, Heriberto Santillán fue detenido, y con su arresto se descubrió la fosa clandestina en la Casa de los Muertos. En esa fosa se encontró el cuerpo de Luis Padilla Cardona, un ciudadano estadounidense que había desaparecido en Ciudad Juárez. Fue la familia de Luis Padilla quien presentó una demanda en los tribunales de El Paso, Texas. A través de los testimonios de Janeth, la esposa de Luis, y sus tres hijos, que eran menores de edad en ese momento, se conocieron detalles inéditos sobre la vida de Luis, quien tenía solo 29 años.
Según Janeth Padilla, su esposo fue torturado junto con otras 20 personas que luego fueron enterradas en el patio de una pequeña vivienda en Ciudad Juárez. Sin embargo, tal vez todo esto podría haberse evitado si el gobierno estadounidense hubiera decidido detener la masacre.
La denuncia sostiene que Guillermo Ramírez Peyro operaba con el conocimiento de funcionarios de ICE y estaba bajo la supervisión de agentes con apellidos como García, Kramer, Compton, Bencomo y la abogada federal adjunta Juanita Fielden. Ramírez Peyro participó en secuestros y asesinatos para el Cártel de Juárez, y era conocido como “Lalo” o el informante confidencial “SA-913-EP”.
Según el testimonio de Janeth Padilla, Ramírez mató a su primera víctima, el conocido abogado juarense Fernando Reyes Aguado, mientras seguía siendo un informante confidencial de Estados Unidos. Janeth afirmó que el asesinato fue monitoreado y registrado por funcionarios de ICE mientras ocurría, y que lo más impactante fue cómo Reyes suplicó por su vida. Además, todos estos asesinatos fueron cuidadosamente planificados antes de llevarse a cabo.
En la demanda, se detallan los roles cruciales que el informante confidencial desempeñó para inmovilizar y asesinar a sus víctimas, a las cuales luego llevaría a la casa ubicada en la calle Parsioneros, en Ciudad Juárez. Ramírez utilizó cinta adhesiva, cuerda y bolsas de plástico para torturar a estas presuntas enemigas del cártel. Después de cada asesinato, enterraba los cuerpos y para ocultar la descomposición, compraba sacos de cal y los vertía en las fosas, donde apilaba los cadáveres uno encima de otro.
El gobierno de Estados Unidos le pagó a Ramírez cientos de miles de dólares por su labor como informante confidencial. Incluso, cuando regresaba de rendir informes en ese país, le permitían llevar una pistola Beretta de 9 mm con un cargador de 15 balas.
La acusación señala que “la apatía, empañada por la incompetencia”, caracterizó las operaciones dirigidas por ICE y la Oficina del Fiscal Federal en El Paso en relación con las actividades de Ramírez Peyro.
La declaración de un fiscal federal que, al descubrir cómo se permitieron asesinatos a sangre fría en México, expresó: “A quién le importa, son sólo mexicanos,” refleja una actitud insensible y preocupante hacia las víctimas de estos crímenes. Esta actitud es profundamente perturbadora y resalta la necesidad de una revisión y reforma en el manejo de estos casos por parte de las autoridades involucradas.
Entre las muertes toleradas se encuentra un incidente descrito por el propio Ramírez, en el que una madre y su hija de tres años fueron asesinadas. Ambas habían acudido en busca de ayuda al cártel y dinero para la defensa legal de su esposo. En lugar de recibir el dinero, fueron asesinadas de manera brutal.
Según la familia de Luis Padilla Cardona, él fue otra víctima del secuestro de transeúntes en Ciudad Juárez. Según la información que pudieron obtener, los asesinos originalmente buscaban a alguien más, y Luis Padilla Cardona, quien se encontraba cerca del “objetivo” equivocado en plena calle, fue confundido, secuestrado, torturado y finalmente su cuerpo fue enterrado en la Casa de los Muertos. Estos relatos son testimonios escalofriantes de la violencia y la impunidad que han afectado a muchas personas en la región.
Es lamentable que la demanda presentada por la familia Padilla fuera desestimada, lo que añade un giro más a esta trágica historia.
Guillermo Ramírez Peyro, a pesar de su oscuro pasado y sus crímenes, se mantuvo como testigo protegido en Estados Unidos y recibió una compensación de 220 mil dólares por su trabajo. Sin embargo, volvió a involucrarse en actividades delictivas, y en 2020 fue acusado de posesión y distribución de cocaína. En esta ocasión, paradójicamente, fue un informante confidencial del FBI quien lo llevó a prisión: al vender cocaína, el informante, al igual que Ramírez había hecho años atrás, lo grabó en audio y video. Como resultado de esta acusación, Ramírez Peyro fue condenado a pasar 78 meses en prisión.
Esta historia demuestra la complejidad y las contradicciones en la gestión de informantes confidenciales por parte de las agencias de seguridad y cómo pueden cambiar las circunstancias con el tiempo.
